Por: Domingo SILVA Cancino[1]
En nuestro último artículo escribimos sobre la Décimo Sétima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en la ciudad de Cusco (Perú), el cual tuvo como fruto la suscripción de la Declaración de Cusco, un documento político-militar que busca trascender la retórica diplomática para articular respuestas operativas, ante un panorama regional crecientemente complejo. Señalamos también que ante un escenario tan desafiante, con actores ilegales actuando en “zonas grises”, con mayor capacidad de atacar (debido al abaratamiento de tal capacidad con el uso de drones) y de negar la acción del Estado en porciones del territorio de varios países de la región y, por si ello no fuera suficiente, con la posibilidad que dichos Estados enfrenten situaciones de desastre por obra de la naturaleza, potencialmente catastróficos en más de un caso, es que se ve necesario adoptar un compromiso de interoperabilidad (en la visión de Estados Unidos) o de cooperación (una visión compartida por la mayoría de países de la región).
En dicha Conferencia, como lo anotáramos en el artículo citado, el Subsecretario de Guerra para Políticas, Elbridge Colby, expuso los lineamientos de política exterior estadounidense, enfocado principalmente en tres ejes: a) la contención de la influencia china en la región, b) la militarización de operaciones en la lucha contra las drogas y el terrorismo, y, en consecuencia, la posibilidad de ejecutar operaciones militares, inclusive cinéticas, en contra de objetivos sean de cárteles del narcotráfico o del terrorismo, sea por los Estados Unidos por sí solo o en conjunto con países aliados de la región y c) en relación a lo señalado, el planteamiento de los Estados Unidos a que los países participantes de la XVII CMDA a elevar su inversión en Defensa al 3,5% del PBI**[2]**.
Dentro de la estrategia estadounidense (Donroe), la participación de los países aliados en el Escudo de las Américas es fundamental por una cuestión política por un lado (porque los cárteles y los terroristas operan dentro del territorio de varios países, cuyos Estados tienen la responsabilidad de proteger a su población de la amenaza de grupos criminales) y por una cuestión económica por otro (aun cuando la lucha contra el crimen organizado / terrorismo pueda ser manifiesta como interés estadounidense, el costo de las operaciones y el uso de recursos materiales y humanos involucrado debiera ser aportado no solo por Estados Unidos sino por el país aliado). Y para poder llevar a cabo acciones combinadas entre ellos, una condición debe alcanzarse: la interoperabilidad, es decir, la capacidad de los sistemas, unidades o fuerzas de diferentes instituciones (en el marco de la coordinación Interagencial o de acciones integradas Fuerzas Armadas-Policía) o países (fuerzas multinacionales) de poder operar de manera efectiva, coherente y coordinada.
Esa capacidad solo se alcanza si los países cumplen ciertos requerimientos, homologando estándares de redes de comunicación (C4ISR**[3]**), plataformas de software, y sistemas de cifrado/encriptado para comunicaciones seguras; la estandarización de tácticas, técnicas y procedimientos (TTP), así como iniciativas para el fomento del conocimiento mutuo y la confianza, a través de entrenamientos combinados, ejercicios multinacionales, entre otros. En el caso de algunos de los países participantes, sus representantes más hablan de mecanismos de cooperación, como el MECODEX, que de una interoperabilidad en el marco de una operación combinada cinética, de alta intensidad, en el marco de operaciones combinadas contra el crimen organizado trasnacional (COT).
Sea como fuere, interoperabilidad o cooperación, se hace necesario que los países participantes de un esquema de seguridad consensuado, y expresado en la Declaración de Cusco, puedan construir y mantener capacidades de respuesta, entre las cuales no solo está la acción del Estado, en la provisión de recursos de ayuda a poblaciones vulnerables en caso de desastres naturales, sino en la capacidad de cumplir compromisos en materia de Ciberdefensa, Inteligencia y seguridad fronteriza, entre otros.
No obstante la importancia de adoptar políticas de seguridad y defensa que permitan combatir los altos índices de criminalidad de la región, así como de esquemas de cooperación (MECODEX) frente a la posibilidad de la ocurrencia de desastres naturales de gran magnitud y catastróficas en sus efectos, que nadie discute que se deben implementar, en busca del mayor beneficio de la población del Hemisferio, la realidad es que eso solo se puede alcanzar a través de recursos materiales y humanos, para construir capacidades de respuesta del Estado. Y ese es un punto a observar en la región y en el corto plazo, con la más que probable llegada del Fenómeno del Niño, la misma que augura perjuicios económicos severos para diversos países de la región. Nos preguntamos, hasta qué punto es posible la interoperabilidad con los Estados Unidos en un escenario de más que probables restricciones fiscales por venir, y ello sin considerar que, no todos los países de la región suscriben la posición estadounidense de una actuación combinada bajo liderazgo de este.
Así el panorama descrito, en esta nota planteamos formular – y de ser posible responder – algunas cuestiones respecto a la naturaleza de los esquemas de Seguridad y Defensa cooperativa, las ventajas, límites, y sobre todo obligaciones para los países participantes, así como revisar los conceptos de sostenibilidad de capacidades, para así sugerir ciertos lineamientos de política que – consideramos – podría abrir la discusión a la viabilidad del Escudo de las Américas como solución al desafío multidimensional a la seguridad del Hemisferio Occidental.
ESQUEMAS DE SEGURIDAD COOPERATIVA Y EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS – UNA REVISIÓN CONCEPTUAL
A diferencia de otros esquemas de seguridad que se han concebido y se han puesto en práctica en algunos casos**[4], los esquemas de seguridad colectiva se conciben para articular la acción política que tiene un modelo de gestión estratégica de la seguridad sobre la base de la prevención de conflictos, el fomento de la confianza mutua, así como el combate y neutralización de amenazas transversales multidominio (COT, ciberataques, desastres naturales), a través del diálogo institucional, la amplia transparencia en la información y la interoperabilidad, no orientada – necesariamente – contra un enemigo común o un Estado adversario específico[5]. Se ejecutan a través de foros multilaterales como la Junta Interamericana de Defensa (JID)[6]** o la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA).
Por otro lado, el Escudo de las Américas (y su acuerdo, el Americas Counter-Cartel Coalition, o A3C) es una coalición de países alineados bajo un modelo orientado a la acción coercitiva e interdictora en contra del crimen organizado trasnacional (COT). Es una coalición de alineamiento funcional, conformado por naciones dispuestas a alinearse con Washington, y enfocada en neutralizar a organizaciones criminales trasnacionales, mediante la aplicación de fuerza militar e inteligencia letal/interdictora contra el COT (narcotráfico, trata de personas, terrorismo). El A3C viene a ser, desde el punto de vista de la seguridad y defensa, un modelo encuadrado en la misma tendencia que se viene dando respecto a relaciones comerciales: el declive del multilateralismo y el surgimiento de un mayor uso de acuerdos bilaterales. Así, en vez de recurrir a organismos como la JID y la CMDA, Estados Unidos opta por proponer una coalición político-militar con países de la región que opten por un alineamiento estratégico con aquel. Así, en vez de actuar a través del acuerdo mayoritario (sino unánime) de un foro multilateral, este modelo busca establecer un canal directo entre países en materia de operaciones militares de interdicción/inteligencia letal/interdictora. Mediante este acuerdo, los países aliados podrán acceder a recursos y tecnología estadounidense para Inteligencia, Ciberdefensa y equipamiento con financiamiento. Como contrapartida los países aliados tienen que poner a disposición sus medios materiales y humanos, todas las capacidades que tengan en sus Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad (Policía y otros afines), Poder Judicial, Ministerio Público (Fiscalía), a fin de que las operaciones militares en contra de organizaciones criminales cuenten con la aprobación judicial correspondiente, a fin de cumplir con la normativa sobre derechos humanos**[7]**.
Los países que forman parte del Escudo de las Américas suman 20 a la fecha, de los cuales hay 13 que firmaron el acuerdo A3C en Doral, Florida en el pasado mes de marzo**[8], y los 7 restantes se han venido incorporando meses después, principalmente por razones de alineamiento ideológico, político y estratégico[9]. Así, países como Chile, Colombia y Perú se han incorporado luego de las elecciones presidenciales en cada uno de ellos, donde fueron elegidos candidatos cuya orientación ideológica y política está alineada con la actual Administración estadounidense, mientras que al momento que la Carta de Doral fuera firmada en esos países existían regímenes que, por el contrario, eran de orientación distinta, claramente opuesta a los lineamientos de la actual Administración Trump[10]**.
En la XVII CMDA el Subsecretario Colby señaló en su discurso que la Iniciativa del Escudo de las Américas era una invitación extendida a los países participantes de la Conferencia (aunque para esa fecha ya habían 13 países que participan del mismo), porque Estados Unidos (o al menos la Administración a cargo) busca que los países de la región sean seguros, prósperos y estables, y no – como algunos piensan, afirma Colby – que es un instrumento para lograr subordinación y dependencia por parte de los países sudamericanos hacia Estados Unidos**[11]**. Ese fue el discurso, y aunque para algunos pueda parecer motivo de escepticismo o de esperanza, la posición ha sido clara: responde de manera prevalente y prioritaria a los intereses de los Estados Unidos, quienes ven en la región países afectados por el COT, que no pueden enfrentar eficazmente su accionar y cuya inseguridad, tanto física como económica, ha generado una crisis migratoria que no solo ha afectado a varias sociedades de los países de la región, sino sobre todo a los Estados Unidos.
¿ES CIERTA LA AMENAZA?
Si tomamos el período desde del crecimiento económico chino (1990 a la fecha) se inicia y el aumento del COT en las Américas vemos que existe una relación de mutua conveniencia, desde la venta de precursores químicos producidos por empresas chinas en México p. ej., que son usados por los cárteles del narcotráfico para producir fentanilo y traficarlo dentro de los Estados Unidos, pasando por el establecimiento de redes de financiamiento (feiqian), que contribuyen al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y la explotación y tráfico ilegal de oro y madera, sin perjuicio de las dinámicas de crecimiento y expansión del COT ajenas a la influencia china.
Lo que es claro es que el COT ha venido penetrando diversos países, adoptando diversas formas y actividades a lo largo de las Américas, desde grupos asociados al narcotráfico que han tomado el control de los puertos de Guayaquil y Manta en Ecuador**[12], el cultivo de la coca en crecientes extensiones tanto en Colombia como en Perú, el control de diversos puntos de tráfico y salida de la droga hacia Europa y Estados Unidos (en el caso de este último, diversas organizaciones criminales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa son los responsables de la fabricación del fentanilo que después ingresa a territorio estadounidense[13]**). Estos, así como organizaciones como el Primer Comando del Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) de Brasil, los Choneros y Tiguerones del Ecuador, así como grupos de narcoterroristas en Perú y Colombia, organizaciones criminales paraguayas y argentinas y grupos de pandilleros locales como la MS-13 y grupos afroamericanos, colaboran todas en el sostenimiento de una red de producción y comercialización de sustancias ilegales en las principales ciudades de Estados Unidos (Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Nueva York, Miami). Asimismo, algunas organizaciones como el PCC y el CV han penetrado en la economía formal brasileña (la tercera más grande de las Américas, después de EE.UU. y Canadá), lo cual compromete la gobernabilidad de ese país y su influencia se está propagando a los países vecinos.
La situación antes descrita constituye, en la visión de Estados Unidos, un desafío de seguridad multidominio, tanto para sus intereses como para los de la región, por lo que requiere una respuesta proporcional, con despliegue en todos los dominios porque es una amenaza multifacética (las actividades del COT se realizan en el campo físico, pero también ciberespacial, a través de su uso para transacciones financieras y blanqueo de dinero), lo que obliga a esfuerzos continentales coordinados. Y este desafío, consideran ellos, no solo afecta a los Estados Unidos, sino a las Américas en su conjunto y en cada uno de los países que lo conforman, en mayor o menor grado.
Lo que sí se puede apreciar, de la revisión de multitud de fuentes**[14], es que en varios países de las Américas se evidencian alarmantes tasas de inseguridad por actividades delictivas, perpetradas por grupos criminales que desafían abiertamente al Estado, no solo en las ciudades sino en porciones del territorio donde pretenden imponer su ley[15], y que cada vez actúan de manera coordinada con otras organizaciones en el Continente[16], con ayuda en muchos casos de parte de China, en un intento de ganar influencia en la región y, a la vez, de debilitar la de Estados Unidos
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS?
En Administraciones anteriores (salvo el primer mandato de Donald J. Trump de 2017 a 2020) no se había establecido una política clara frente al surgimiento del poder chino y, sobre todo, no se había establecido que organizaciones criminales operantes en las Américas sean consideradas como amenazas a la seguridad nacional al grado que la actual Administración haya decidido atacarlos directamente**[17]. Luego de las operaciones Southern Spear[18] y Absolute Resolve[19] se ha decidido que este esfuerzo tiene que hacerse de manera combinada con países de la región.
Los objetivos del A3C (Escudo de las Américas) se pueden resumir en 3 puntos:
- La clasificación – y consideración – de los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas como parte del crimen organizado internacional (COT) y, éste tal cual, como una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos; en consecuencia, todo integrante o grupo, así como cualquier instalación, vehículo, embarcación o cualesquiera otros medios o recursos destinados a actividades criminales, como la producción y tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal pasan a ser considerados objetivos militares y, por lo tanto, sujeto a operaciones destinados a su neutralización y/o destrucción. Asimismo, consideran necesario reforzar las capacidades de Inteligencia de los países aliados, no solo en la conformación de infraestructura de inteligencia (no solo de operación de drones en el terreno – GEOINT, sino en todas las facilidades y apoyo para actividades de inteligencia humana – HUMINT), sino en sus capacidades de combatir las actividades en el ciberespacio por parte del COT;
- La participación directa de los países de la región en el esfuerzo del combate frontal al COT, con el liderazgo estratégico de Estados Unidos, asumiendo las operaciones no solo con el empleo de las Fuerzas Armadas sino con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público (Fiscalía), y los servicios de Inteligencia, a fin de fortalecer la articulación Interagencial entre las Fuerzas Armadas, la Policía y otros sectores, con el objeto que la respuesta frente al crimen no solo una militar, sino que sea del Estado en su conjunto**[20]. Ello no puede ser posible sin una mayor asignación de recursos, y en ello Estados Unidos no ha demorado en solicitar a los países de las Américas aumentar sus gastos de defensa y seguridad hasta un 3,5 % del PBI, lo que en algunos casos es significativa la diferencia entre los montos que se destinarían al efecto aplicando ese porcentaje y los niveles de inversión actual[21]**;
- El compromiso de los países de las Américas a no profundizar sus relaciones con potencias extrahemisféricas, especialmente China, en un esfuerzo por contener la influencia del gigante asiático a través de la Iniciativa de la Franja y la Seda**[22], con especial énfasis en neutralizar la expansión de infraestructura bajo control de capitales chinos, como en el caso del puerto de Chancay (Perú), o para evitar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones 5G (como ha pasado en Brasil y Colombia). Esta suerte de cláusula geopolítica implícita es una condición para el acceso pleno a los programas de cooperación FMS/FMF en la construcción y reforzamiento de capacidades militares, así como en otras áreas (inteligencia, Ciberdefensa y apoyo en el caso de riesgos climáticos o desastres naturales)[23]
Los objetivos del A3C derivan de los lineamientos establecidos tanto en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y en la Estrategia de Defensa Nacional de 2026, por lo que están orientados a alcanzar 3 objetivos: a) neutralizar/destruir la capacidad de los cárteles del narcotráfico de producir y transportar droga a los Estados Unidos, sobre todo algunas que son particularmente nocivas (fentanilo); b) asimismo, neutralizar/destruir la capacidad de grupos armados terroristas, quienes ahora operan de consuno con los cárteles de la droga, y en algunos casos integrándose al negocio del narcotráfico; c) la inclusión de una cláusula implícita que lleva a los países participantes del A3C a tener que restringir, e incluso cortar, cualquier vínculo comercial o tecnológico de carácter dual con potencias extrahemisféricas, particularmente China, en áreas de infraestructura crítica, telecomunicaciones 5G y control portuario.
LAS OBLIGACIONES A ASUMIR POR LOS PAÍSES PARTICIPANTES – LA SOSTENIBILIDAD DE CAPACIDADES
La participación de diversos países de las Américas en la iniciativa A3C implicará la disposición de los recursos por parte de aquellos en diversas operaciones multidominio, desde el combate al COT con el seguimiento de los rastros de actividades financieras de estos grupos, hasta la posibilidad de ejecutar operaciones militares sobre laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje y otras facilidades usadas por las organizaciones criminales, o proceder a la captura de los cabecillas de bandas criminales a través de un esfuerzo de Inteligencia combinado. Estados Unidos, por su parte, aporta todas sus capacidades administrativas, logísticas y operacionales del SOUTHCOM, el JTIAF, así como apoya y facilita los programas de cooperación militar (FMS, FMF, IMET)[24].
Esto, en buena cuenta, implica que los Estados aliados del A3C tienen que ingresar a un ecosistema poderoso de Inteligencia y capacidades C4ISR para poder interoperar con el SOUTHCOM y el JTIAF, y ello implica inversiones en infraestructura, instrucción y doctrina, así como entrenamiento operacional y táctico, lo que genera un aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía. No solo ello, sino que hay un pedido expreso por parte de Estados Unidos para que los aliados del A3C destinen hasta el 3,5%, aunque esto pueda ser considerado por muchos exagerado. Pero si tomamos en cuenta los desafíos planteados por el COT, que ya tienen capacidad de ataque con drones**[25], la necesidad de contar con un sistema de comando que en tiempo real entregue información fusionada de una serie de sensores (drones, helicópteros y satélites – imágenes – GEOINT), así como información de inteligencia humana (HUMINT) en tiempo real y absolutamente coordinado en red se hace necesario invertir en plataformas[26], protocolos de enlaces de datos y redes seguras, centros de fusión de inteligencia (SOC/CSIRT[27]), unidades de fuerzas especiales debidamente equipadas y actualizadas en entrenamiento en tácticas, técnicas y procedimientos[28]. Y si accede al ecosistema ofrecido por Estados Unidos (FMS/FMF) existen obligaciones aparejadas de soporte técnico y mantenimiento de los equipos / plataformas que el Estado adquiera[29]**, por lo que esas serán obligaciones financieras presentes y futuras para los países aliados del Escudo.
LA REALIDAD DEL ALINEAMIENTO (RESTRICCIONES FISCALES Y “NEUTRALIDAD ESTRATÉGICA”)
Con los niveles actuales de inversión de la gran mayoría de países de las Américas en seguridad y Defensa, es evidente que no podrán cubrir y mantener las capacidades militares y policiales necesarias para interoperar con los Estados Unidos en el combate al COT, por lo que ese pedido – en orden de asegurar la interoperabilidad en las operaciones combinadas de los países aliados con dicho país – sería algo entendible, necesario inclusive. Sin embargo, la respuesta de los países de las Américas no ha sido unánime, ya que muchos de ellos no se han incorporado al A3C**[30], e incluso algunos de los incorporados ha manifestado, de manera expresa, que va a considerar que nivel de inversión asignará a cubrir estas necesidades[31]
Por otro lado, varios países muestran una “neutralidad estratégica” en relación al cumplimiento de la cláusula geopolítica implícita, a fin de frenar la influencia china en la región, en parte por ser China su principal socio comercial**[32]** o por inversiones en infraestructura**[33], por asistencia financiera y otras acciones de influencia[34]**. Ese puede ser el aspecto más problemático para los países aliados, pero será necesario trabajar en el frente diplomático y de las relaciones internacionales (a través de programas de asistencia y cooperación técnica en diversos rubros – desde agricultura hasta investigación médica, o la asistencia en caso de desastres naturales).
CONCLUSIONES
- La actual Administración estadounidense busca institucionalizar un esquema de alineamiento estratégico y operativo directo en las Américas con la coalición A3C, priorizando interdicción ejecutiva contra el COT, sobre los consensos multilaterales tradicionales;
- La verdadera interoperabilidad en el Escudo de las Américas no se limitará a la adquisición de plataformas de combate, sino que exigirá la integración de redes de inteligencia C4ISR, doctrina compartida, adecuación de marcos normativos y una capacidad de respuesta Interagencial coordinada;
- Debemos considerar que, si bien la coalición del Escudo de las Américas representa, para cada país, presión financiera y una pérdida controlada de autonomía operativa frente a Washington, el costo de permitir la expansión descontrolada del COT se traducirá en la quiebra institucional del Estado, y con ello, la pérdida indefinida del control territorial y del orden público, la descomposición del tejido social y un costo económico exponencialmente mayor para la población, por la violencia, la extorsión y la disfunción consecuente y sistémica del circuito económico nacional. La disyuntiva ya no es si los países deben invertir (o gastar) más en seguridad y defensa, sino asumir el costo de la cooperación militar subordinada o dejar que la seguridad del país (y la región) implosione;
- Existen resistencias a la implementación y participación plena en el A3C, en el caso de algunos países, no solo por la realidad fiscal sino por el intento de no enturbiar sus relaciones con China, por la importancia que representa para sus economías, aun cuando reconozcan que existe un vínculo político estratégico mayor con Estados Unidos. Ese seguramente serán obstáculos a superar, y existen mecanismos para poder gestionar más eficazmente la asignación y ejecución de fondos, no solo para sostener eficazmente las capacidades adquiridas para interoperar con EE.UU. en el A3C, sino para cumplir con los compromisos de alistamiento necesarios para su participación plena en dicha coalición;
- Hay muchos aspectos de la realidad detrás del A3C, como las especificaciones y capacidades técnicas que Estados Unidos puede aportar al Escudo, la realidad de algunos países de la región y como se incorporan a la coalición entre otros, lo cual iremos cubriendo a lo largo de sucesivas entregas.
- Licenciado en Derecho, fue Gerente General de la Sociedad Comunicaciones para la Defensa y Seguridad, editora de la Revista Perú Defensa & Seguridad. Ha sido facilitador del Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis (CEDEYAC), de la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra del Perú; y asimismo cuenta con estudios en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies – National Defense University (NDU), Washington, D.C.
2. XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA). Declaración de Cusco, Cusco, Perú. Discurso del Subsecretario de Defensa para la Política de EE.UU., Elbridge Colby, sobre metas de inversión en Defensa (3,5% del PBI) y cooperación hemisférica contra amenazas transversales.
3. C4ISR: acrónimo en inglés por Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (Mando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento)
4. La Junta Interamericana de Defensa (JID, 1942) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) (Río de Janeiro, 1947) como antecedentes tradicionales de esquemas de seguridad colectiva multilaterales en el Hemisferio Occidental.
5 Craig, Alexander and Dobbins, James. Cooperative Security and Hemispheric Defense Architectures, RAND Corporation / Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2024
6 Junta Interamericana de Defensa (JID),
7 US Department of War (DoW). Americas Counter-Cartel Coalition (A3C) Framework and Legal Interagency Requirements, Washington D.C., 2026
8 Los países firmantes en Doral en marzo de este año son, aparte de los Estados Unidos, la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
9 En el caso de los 7 países, tenemos que se han incorporado Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica y Perú. En el caso de los 3 países latinoamericanos, al momento de firmarse la Carta de Doral, en Chile gobernaba Gabriel Boric, en Colombia Gustavo Petro y en Perú José María Balcázar, todos ellos de orientación de izquierda y opuestos a las políticas de la Administración Trump. En dichos países se celebraron elecciones en este año, y en todos ellos fueron elegidos como Presidentes políticos cuya orientación sí se alinea con los de la actual administración estadounidense (José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori), y es por ello que sus respectivos Gobiernos han solicitado la incorporación al Escudo de las Américas.
10 Center for Strategic and International Studies (CSIS). Political Transitions and Defense Alignments in Latin America, Washington D.C., 2026
11 Colby, Elbridge. Intervención en la XVII CMDA sobre la iniciativa Escudo de las Américas y la Autonomía Estratégica Regional, Cusco, Perú, 2026.
12 United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC). Global Report on Cocaine 2025: Local Logistics and Port Penetration in Guayaquil and Manta. Viena, 2025.
13 Drug Enforcement Agency (DEA). National Drug Threat (NDTA), Washington D.C., 2025
14 The White House. National Security Strategy for the Western Hemisphere: Countering Transnational Criminal Organizations, Washington D.C., 2025
15 U.S. Southern Command (SOUTHCOM). Operation Southern Spear: Joint Interagency Counter-TCO Operations, Miami, 2025.
16 U.S. Department of State (DoS). Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), and International Military Education and Training (IMET) Programs Overview, Washington D.C., 2025
17 International Institute for Strategic Studies (IISS). The Military Balance 2026: Defense Spending and Budgetary Allocations in Latin America. Londres, Routledge, 2026.
18 U.S. Southern Command (SOUTHCOM). Executive Briefing: Operation Southern Spear and Maritime Interdiction Operations, Miami, 2025
19 U.S. Department of War (DoW). Operation Absolute Resolve: Special Operations and Kinetic Interdiction Framework, Washington D.C., 2025
20 Borda, Sandra. La respuesta estatal frente a las amenazas asimétricas: Coordinación Interagencial y debido proceso, Revista Latinoamericana de Política y Seguridad, Vol. 14, 2025
21 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Trends in International Arms Transfers and Defense Spending in the Americas. Solna, SIPRI, 2026
22 Ellis, R. Evan. China´s Engagement in Latin America and the Caribbean: Strategic Competition and Infrastructure Dominance, Strategic Studies Initiative (SSI), U.S. Army War College, 2025.
23 Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Security Assistance Management Manual (SAMM): FMS/FMF Eligibility and Geopolitical Compliance Clauses, Arlington, VA, 2025
24 Joint Interagency Task Force South (JIATF-South). Standard Operating Procedures for Partner Nation C4ISR Integration, Key West, Florida, 2026
25 Small Arms Survey. The Weaponization of Commercial Drones by Transnational Criminal Organizations in Latin America, Ginebra, 2025
26 Jane´s Defence Weekly. Tactical GEOINT and Unmanned Systems for Counter-Narcotics Operations in South America, Vol. 63 Nº 12, 2026
27 SOC/CSIRT: Security Operations Center / Computer Security Incident Response Team
28 U.S. Special Operations Command (USSOCOM). Tactics, Techniques and Procedures (TTP) for Joint Counter-TCO Direct Action Operations, MacDill AFB, Florida, 2025
29 U.S. Defense Logistics Agency (DLA). Performance-Based Logistics (PBL) and Life-Cycle Sustainment for FMS Partners Nations, Fort Belvoir, VA, 2025
30 Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED/CDS). Monitoreo de Adhesiones y Reservas de Soberanía en la Arquitectura A3C, Buenos Aires, 2026
31 Ministerio de Defensa de Chile. Declaración Oficial sobre Metas Presupuestarias y Autonomía Estratégica en el Marco de la XVII CMDA, Santiago de Chile, 2026.
32 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Relaciones Económicas y Comerciales América Latina – China: Reporte Anual de Intercambio, Santiago de Chile, 2025
33 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inversión Extranjera Directa e Infraestructura Portuaria en la Cuenca del Pacífico Sudamericano, Washington D.C., 2025
34 Ministry of Foreign Affairs of the People´s Republic of China. White Paper on China-Latin America and the Caribbean Cooperation in the New Era, Pekin, 2025